El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó el 26 de diciembre de 2025 la ley —aprobada previamente por el Congreso el 17 de diciembre— que recorta el 10% de los incentivos fiscales federales y eleva impuestos a casas de apuestas, fintechs e intereses sobre capital propio (JCP), proyectando ingresos de R$20.000 millones en 2026. Sin embargo, vetó una cláusula 'jabutí' del Congreso que revalidaba casi R$2.000 millones en enmiendas parlamentarias de 2019-2023, citando inconstitucionalidad según fallos del STF.
Tras la rápida aprobación de la Cámara y el Senado el 17 de diciembre (como se informó en coberturas previas), el presidente Lula promulgó las medidas principales para fortalecer el marco fiscal de 2026. La ley reduce en un 10% los beneficios fiscales presuntos en PIS/Pasep, Cofins, IRPJ, CSLL y otros para empresas grandes, al tiempo que aumenta las tasas en apuestas de cuotas fijas (al 15% para 2028), retención de JCP (al 17,5%) y CSLL para fintechs (al 20% desde 2028).
La acción clave fue vetar la cláusula no relacionada que permitía el pago de enmiendas de relator pendientes —conocidas como 'presupuesto secreto'—, canceladas tras el fallo de inconstitucionalidad del STF en 2022. Valoradas en ~R$2.000 millones (parte de R$2.970 millones cancelados en 2024), habrían extendido los plazos hasta 2026. La reciente decisión del ministro del STF Flávio Dino (Mandamus 40.684/DF) consideró ilegal la revalidación por falta de base presupuestaria.
Lula también eliminó normas más estrictas para préstamos subsidiados, argumentando perjuicio a políticas sociales. El Congreso podría anular el veto. Esto cierra un proceso controvertido que equilibra el ajuste fiscal con la resistencia sectorial.
