El presidente Lula anunciará formalmente su veto al proyecto de dosimetría —aprobado previamente por el Congreso para aliviar las penas de Jair Bolsonaro y los convictos del 8 de enero— en un evento el 8 de enero de 2026 que conmemora el tercer aniversario de los ataques golpistas. Fuentes del Planalto indican que aliados, no el Ejecutivo, impugnarían cualquier anulación congresional ante el STF.
Tras la aprobación del proyecto en la Cámara (291-148) y el Senado (48-25) a finales de 2025, el Gobierno federal anticipa que anular el veto de Lula podría derivar en una demanda de inconstitucionalidad ante el STF por parte de legisladores aliados, no directamente del Ejecutivo. Un diputado contó a Folha planes para acudir a la corte si es necesario. Lula confirmó el veto antes del plazo del lunes, pero lo revelará el jueves en el Palacio del Planalto durante una ceremonia con aliados y simpatizantes, con pantallas en vivo transmitiendo el acto desde varios puntos de Brasilia y otras ciudades. Lula ha confirmado que vetará el proyecto de dosimetría de penas, aprobado por el Congreso para beneficiar a condenados del 8 de enero y al expresidente Jair Bolsonaro, en un acto el jueves 8 de enero en el Palacio del Planalto, que marcará el tercer aniversario de los ataques golpistas contra los Tres Poderes. Líderes del PT impulsan eventos para presionar al Congreso contra la anulación del veto. Lula comentó: «El Congreso tiene derecho a hacer cosas. Yo tengo mi derecho a veto. Luego, ellos tienen derecho a anular mi veto o no. Así funciona el juego». Una encuesta de Datafolha indica que el 54% considera justa la sentencia de 27 años y 3 meses del STF contra Bolsonaro, fortaleciendo la posición de Lula. El presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no asistirán al evento. La ministra Gleisi Hoffmann señaló: «Por primera vez, los actos del 8 de enero ocurren con los jefes de ese golpe condenados por la justicia y cumpliendo sus penas», vinculando los castigos a la soberanía ante presiones externas como las de la administración Trump. El exinterventor de seguridad del DF Ricardo Cappelli respaldó el veto: «Esta actitud del presidente está en sintonía con la gravedad de lo ocurrido», atribuyendo al STF el mérito por la rendición de cuentas histórica por el golpe.
