Tras su aprobación en la Cámara de Diputados la semana pasada, el proyecto de dosimetría enfrenta ahora el escrutinio del Senado. El presidente de la CCJ, Otto Alencar, propone restringir las reducciones de penas a los actos de invasión y vandalismo del 8 de enero de 2023, en medio de debates sobre si excluye al expresidente Jair Bolsonaro.
Tras la aprobación del proyecto de dosimetría por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre —que ajusta los criterios de penas para delitos relacionados con golpes de Estado, potencialmente acelerando la progresión de régimen—, el foco se ha desplazado al Senado.
El amplio lenguaje del proyecto podría aplicarse a delitos como coacción, incendio provocado y resistencia, beneficiando a convictos más allá de los participantes del 8 de enero, según consultas de Folha. El relator de la Cámara, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), insiste en que apunta a los acusados de golpe, particularmente del 8/1, y se opone a restricciones adicionales en el Senado si retrasan su aprobación.
El presidente de la CCJ del Senado, Otto Alencar (PSD-BA), propone una enmienda que limita las reducciones a «delitos cometidos en el contexto de los eventos del 8 de enero de 2023, relacionados con actos de invasión, vandalismo o daños a propiedades públicas o privadas». Advertó a GloboNews que el texto actual «no pasará».
El senador Fabiano Contarato (PT-ES) lo califica de peligroso, potencialmente ayudando a criminales y facciones mientras pretende beneficiar a Bolsonaro. Los expertos difieren sobre si la enmienda de Alencar excluiría a Bolsonaro, cuya sentencia de 27 años podría ver el tiempo en régimen cerrado reducido de 6-10 años a 2-4 años.
El relator Esperidião Amin (PP-SC) presentará su informe el 17 de diciembre, con posibles votaciones en la CCJ y en el pleno ese día. Los aliados del Gobierno presionan por demoras hasta 2026.
