La Superintendencia Nacional de Salud reportó una afectación aproximada de $2,6 billones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud debido a 291 medidas de embargo cautelar. Esta situación compromete la sostenibilidad financiera y el derecho a la salud de los colombianos. Las regiones más impactadas incluyen Bogotá, Antioquia, Bolívar y Caquetá.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) reveló que 291 medidas cautelares de embargo afectan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss), generando una impacto financiero de alrededor de $2,6 billones. Este dato proviene de informes autorreportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Según el comunicado oficial, esta problemática representa un riesgo significativo para la estabilidad económica del sistema y para la prestación efectiva de servicios de salud. "Esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, en la medida en que compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud", indica el documento.
El análisis destaca que Bogotá lidera con 65 procesos de embargo, seguida por Bolívar con 47, Caquetá con 34 y Antioquia (específicamente Concordia) con 21. Entre las EPS más involucradas en el valor total afectado se encuentran Nueva EPS y Coosalud EPS, lo que refleja tanto el número de procesos como el monto de las reclamaciones.
Supersalud enfatizó que los recursos del Sgsss son de naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, por lo que su uso debe limitarse exclusivamente a la atención en salud. La entidad reiteró la regla de inembargabilidad de estos fondos, con excepciones restrictivas definidas por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, hizo un llamado a proteger integralmente estos recursos, alineándose con las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la sostenibilidad del sistema.
Este informe subraya la necesidad de salvaguardar los fondos para garantizar la atención a los afiliados y la viabilidad a largo plazo del sector salud en Colombia.
