El Ministerio de Vivienda, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos, realizó una jornada de coordinación en Riohacha para fortalecer la sostenibilidad de proyectos de agua en La Guajira. La inversión adicional de más de $600.000 millones beneficiará directamente a más de 145.000 personas mediante pilas públicas y mejoras en sistemas de abastecimiento. El objetivo es acelerar la ejecución y garantizar la operación a largo plazo de estas obras esenciales.
En Riohacha, capital de La Guajira, el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios llevaron a cabo una jornada de trabajo para afinar la sostenibilidad y acelerar la ejecución de proyectos de acceso al agua en la región. Esta iniciativa responde a las necesidades históricas de la península, donde comunidades wayuu y urbanas enfrentan desafíos crónicos en el suministro de agua potable.
La viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo, destacó que el Gobierno ha invertido más de $600.000 millones en estas obras, financiadas en parte por el Presupuesto General de la Nación. Estos recursos se destinan a la construcción de pilas públicas, rehabilitación y mejoramiento de sistemas existentes, impactando directamente a más de 145.000 personas. "Esta coordinación con la Superservicios es clave para el plan de sostenibilidad de las obras", explicó Quevedo durante el evento.
Por su parte, el superintendente Felipe Durán anunció la implementación de una vigilancia especial sobre los Planes Departamentales de Agua. Esta medida busca asegurar que los recursos se inviertan de manera eficiente y oportuna, evitando retrasos que afecten a las comunidades locales. La meta es mejorar las condiciones del servicio en el corto plazo.
Durante la reunión, las entidades se reunieron con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua) para revisar avances y elaborar un Plan Estratégico. Este plan enfatiza la operación continua, la calidad del servicio y el respaldo institucional a esquemas comunitarios de aprovisionamiento, como las pilas públicas reconocidas bajo la Ley 142. De esta forma, se pretende garantizar el mantenimiento a largo plazo de la infraestructura de agua y saneamiento en la región.
