El presidente Gustavo Petro advirtió a las constructoras contra prácticas engañosas en los precios de la vivienda y solicitó investigaciones a la Superintendencia de Vigilancia. Acusó a algunas empresas de estafar a clientes al indexar precios al salario mínimo, pese a caídas en costos de materiales. Pidió también retener subsidios a las firmas irregulares.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una advertencia en redes sociales dirigida a empresas constructoras por lo que describió como prácticas engañosas en la fijación de precios de inmuebles. Según Petro, afirmar que los valores deben ajustarse al mismo porcentaje del salario mínimo vital constituye una 'estafa delictiva', ya que el costo laboral es solo una fracción del total de construcción y materiales importados han bajado de precio, lo que contradice los incrementos trasladados a compradores.
En respuesta, solicitó a la Superintendencia de Vigilancia adelantar investigaciones y aplicar sanciones si se detectan irregularidades. Además, pidió al Ministerio de Vivienda no girar subsidios a constructoras que estén estafando clientes, en el marco de esfuerzos gubernamentales por controlar precios y transparentar el acceso a subsidios.
Este llamado surge en contexto del aumento del salario mínimo para 2026 en 23,7%, que impacta directamente en precios de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), indexados al salario. Una VIS de hasta 150 salarios mínimos pasaría de unos 213 millones de pesos a 262 millones, un alza de cerca de 49 millones. Para 135 salarios, subiría de 192 a 236 millones.
Analistas como Julián Cortés del Banco Popular destacan el impacto preocupante en precios para bajos ingresos. El gremio Camacol estima que el choque podría elevar costos de construcción en 4% y precios de vivienda en hasta 10%, presionando la accesibilidad. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, afirmó: 'Mejorar el ingreso de quienes hoy están en el empleo formal no puede hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social'.
El gobierno considera desindexar topes para evitar exclusión de familias del mercado formal.
