El Gobierno colombiano, bajo el presidente Gustavo Petro, decretó un aumento del 23% al salario mínimo para 2026, elevándolo a $2 millones incluyendo auxilio de transporte, beneficiando a 2,4 millones de trabajadores. Esta medida, tomada tras el fracaso en la concertación con empresarios y sindicatos, genera preocupaciones fiscales según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció un decreto adicional para desindexar bienes y controlar precios y mitigar impactos inflacionarios.
El 30 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional de Colombia emitió el Decreto 1469, estableciendo un incremento del 23% al salario mínimo para 2026, fijándolo en $2 millones con auxilio de transporte. Esta decisión unilateral surgió tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación Salarial antes del 15 de diciembre, donde empresarios propusieron un ajuste del 6-7% basado en la inflación del 5,3% y una productividad negativa del 0,3%, mientras que los trabajadores pedían al menos el 16%.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, justificó el alza citando la reducción de la inflación de 14% a 5,2%, un desempleo del 7% y un crecimiento económico del 2,9% al cierre de 2025. La medida impactará directamente a 2,4 millones de trabajadores formales, pero el Carf estima un costo fiscal de al menos $5,3 billones (0,3% del PIB) en 2026, principalmente por $4,7 billones en pensiones del régimen de prima media y $0,6 billones en salarios de funcionarios públicos. A partir de 2027, el déficit podría subir $8 billones (0,4% del PIB), incluyendo una caída de $2,7 billones en recaudo de impuestos corporativos.
Juan Sebastián Betancur Mora, director técnico del Carf, advirtió que este incremento real del 18,5% —frente a un promedio histórico de 1,2%— complica el retorno a la Regla Fiscal en 2028 y agrava la sostenibilidad de la deuda pública. Otros efectos no cuantificados incluyen ajustes en rentas vitalicias de pensiones y contratos estatales como vigilancia y aseo.
Para contrarrestar presiones inflacionarias, Sanguino anunció un decreto para inicios de enero que desindexará ítems como Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) del salario mínimo, de los 14 bienes aún ligados —frente a 225 ya desindexados—. Además, se prevén líneas de crédito y alivios tributarios para pequeñas y medianas empresas, junto con vigilancia contra especulación ilegal.
Analistas destacan riesgos de mayor informalidad —actualmente en 56%— y pérdida de competitividad en microempresas (91,7% del total), que enfrentan costos laborales adicionales del 59,9%. Jason Keene, de Barclays, señaló que controles de precios podrían generar más inquietud en los mercados, como se vio en la caída de bonos colombianos en dólares.
