El Banco de la República de Colombia elevó su tasa de intervención en 100 puntos básicos a 10.25% —la más alta en más de un año— en su primera junta directiva de 2026, citando inflación persistente por encima del 5% durante casi seis meses y expectativas desancladas por el aumento del 23.8% al salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Petro. La decisión, con un voto dividido de 4-2-1, sorprendió a los mercados y recibió críticas del gobierno por riesgos de contracción económica.
La junta directiva del Banco de la República se reunió el 30 de enero de 2026 y votó 4-2-1 para aumentar la tasa de intervención del 9.25% al 10.25%, un alza de 100 puntos básicos, la primera subida en siete meses y la mayor desde diciembre de 2022. El gerente del banco, Leonardo Villar, atribuyó la acción a expectativas de inflación desancladas, con las proyecciones medianas de los analistas subiendo del 4.6% al 6.4% para finales de 2026 y las expectativas del mercado de deuda superando el 6% en dos años. La inflación se situó en 5.1% en 2025, permaneciendo por encima del objetivo del 2%-4% durante seis años y siendo la tercera más alta de la región. El alza sigue al decreto del presidente Gustavo Petro del 29 de diciembre de 2025, que estableció un aumento del 23.8% al salario mínimo para 2026 de $1.700.000 mensuales, más un subsidio de transporte de $253.118 (totalizando $2 millones), con costos para empleadores alcanzando $2,9 millones incluyendo prestaciones. Petro lo llamó 'salario vital familiar' para una vida digna, pero superó las propuestas de empleadores (7,21%) y sindicatos (16%), así como las recomendaciones técnicas de la Ley 278 de 1996 para un aumento de dos dígitos basado en inflación, productividad y PIB. Los mercados se sorprendieron: de 25 entidades encuestadas, solo BBVA predijo 10.25%; la mayoría esperaba 9.75% o menos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, criticó la medida por elevar los costos de producción y contraer la economía en medio de una demanda creciente, anunciando una reducción de $500 en el precio de la gasolina (el doble de los $300 planeados). Villar señaló que las tasas TES ya habían subido más de 200 puntos básicos. Expertos advierten que el alza salarial arriesga avivar la inflación, pérdidas de empleos formales en medio de un 55,4% de informalidad (80% rural) y una carga fiscal de $9.000 millones. La revalorización del peso no ha frenado la inflación de bienes importados (un tercio de la canasta). El banco proyecta un crecimiento del PIB del 2,9% para 2025 y busca anclar la inflación para 2027 mediante una política restrictiva. Las tensiones subrayan la independencia limitada del banco, con el presidente nombrando codirectores, a diferencia del banco central más autónomo de Perú. Editoriales defienden el mandato constitucional del banco de preservar el poder adquisitivo del peso frente al 'politiqueo económico' del gobierno.