Las centrales obreras de Colombia, junto con confederaciones de pensionados, han presentado sus salvedades a la propuesta del gobierno de un aumento del 16% en el salario mínimo para 2026. Argumentan que el ajuste debe superar la inflación para cubrir el costo de la canasta básica familiar, respaldado por la Constitución y la OIT. Mientras tanto, los empresarios advierten que un alza tan alta es política y podría generar pérdidas de empleo e informalidad.
El debate sobre el salario mínimo para 2026 en Colombia se intensifica tras la presentación de salvedades por parte de las centrales obreras CUT, CGT, CTC, CPC y CDP al Ministerio de Trabajo. La propuesta gubernamental de un 16% de aumento ha sido cuestionada por no alinearse con el concepto de salario mínimo vital y móvil, amparado en la Constitución y estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el documento de las centrales, el costo de una canasta básica para una familia promedio supera ampliamente el salario mínimo actual, por lo que el ajuste debe ir más allá de la inflación del 5,3%.
Las centrales rechazan argumentos que vinculan incrementos por encima del IPC con mayor desempleo, informalidad o presiones inflacionarias, señalando que en años recientes no se han registrado desequilibrios macroeconómicos significativos. Además, proponen revisar la indexación de tarifas y precios atados al mínimo. Por su parte, las confederaciones de pensionados advierten que un aumento excesivo podría impactar negativamente a quienes reciben mesadas superiores al mínimo.
Desde el sector empresarial, María Elena Ospina, presidenta de Acopi, califica la negociación como política e irresponsable en un año electoral. En entrevista con La Nación, Ospina defiende un alza del 7,21% (inflación 5,3% más productividad 0,91%), argumentando que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados ganan el mínimo, mientras 13,3 millones ganan menos y no se beneficiarían. Un aumento del 16% triplicaría la inflación, elevaría costos de producción, precios y tasas de interés, reduciendo el poder adquisitivo general y afectando a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99,7% del tejido empresarial y el 80% del empleo formal.
Ospina expresa decepción con el gobierno de Gustavo Petro por reformas laborales que incrementan costos sin considerar a las MiPymes, y prioriza para el próximo presidente seguridad, políticas tributarias diferenciales y colaboración con el sector. El Ministerio de Trabajo analizará las salvedades de obreros y empresarios para decidir si convoca sesiones extraordinarias o decreta el aumento.
