El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, presentó una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar temporalmente el decreto que eleva el salario mínimo en un 23% este año. Argumenta que la medida carece de sustento técnico y viola el marco legal. Advierte que podría causar la pérdida de 772.340 empleos y el cierre de numerosas mipymes.
Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), ha solicitado al Consejo de Estado que suspenda de manera provisional el decreto presidencial que establece un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026. Según Cabal, el gobierno pasó de variables económicas que justificaban un ajuste del 6,21% a un alza del 23,7%, sin una explicación clara y verificable.
En un comunicado, Cabal explicó que esta decisión ignora el marco legal y constitucional al priorizar el concepto de 'salario vital', basado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sin carácter vinculante. Además, desconoce la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para definir la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), esencial para medir la inflación. 'La decisión del Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo; inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante. Además, se desconoció la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país', detalló.
Cabal enfatizó que la demanda no busca perjudicar a los trabajadores, sino defender el Estado de Derecho y la estabilidad económica. 'Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno', afirmó. Si el incremento se mantiene, se estima la pérdida de alrededor de 772.340 empleos y el cierre de innumerables micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo que podría elevar la inflación y afectar directamente a los trabajadores.
