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A judge in a Bogotá courtroom banning a presidential candidate's patriotic campaign slogan posters.
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Tribunal de Bogotá prohíbe a De la Espriella usar lema 'Firmes por la Patria'

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó de manera provisional al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar propaganda con símbolos patrios y abstenerse de usar el lema “Firmes por la Patria”. La medida se notificó el 9 de junio y afecta también expresiones como “Defensores de la Patria”. La decisión llega a menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral del 21 de junio.

El Consejo de Estado anuló dos decretos que exigían contratar personal calificado local en proyectos petroleros y mineros. Acipet, la asociación de ingenieros de petróleo, celebró la decisión por promover la meritocracia.

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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por declaraciones realizadas durante la jornada electoral del 31 de mayo en Valledupar.

El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el Capítulo 5 del Decreto 415 de 2026, frenando el traslado anticipado de los ahorros pensionales privados a Colpensiones para los afiliados que aún no cumplen con los requisitos para jubilarse. La Sección Segunda dictaminó que la medida podría vulnerar la Ley 2381 de 2024 ante los plazos cortos, reduciendo las transferencias esperadas de $25 billones a cerca de $5 billones. El presidente Gustavo Petro arremetió en redes sociales acusando a los grupos empresariales de robo.

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La Corte Constitucional de Colombia declaró infundados los impedimentos presentados por varios magistrados para estudiar el decreto de emergencia económica, que incluye un impuesto al patrimonio para atender la crisis invernal en Córdoba. La Sala Plena continuará mañana, 29 de abril, con el análisis del expediente, tras la recusación de seis magistrados el día anterior. Empresarios y el presidente Gustavo Petro han reaccionado a esta revisión judicial.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, compareció este lunes ante la Corte Constitucional para defender el incremento de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) fijado a finales de 2025, en una mesa técnica convocada por un incidente de desacato.

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Ante la Sala Plena del Consejo de Estado se presentó una demanda de nulidad contra el artículo 35 del decreto 2520 de 1993, que regula los estatutos del Banco de la República. Este artículo exige la presencia del Ministro de Hacienda para que la Junta Directiva pueda sesionar. La demanda argumenta que viola los artículos 371 y 372 de la Constitución Política.

 

 

 

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