El Consejo Gremial Nacional alertó que el impuesto al patrimonio de emergencia causa un daño patrimonial irreversible a miles de empresas. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, criticó los argumentos del Gobierno reiterados pese a fallos judiciales previos. La entidad propuso suspender el decreto que lo regula.
El Consejo Gremial Nacional (CGN) expresó preocupación por el impacto del impuesto al patrimonio establecido por decreto de emergencia. Natalia Gutiérrez, su presidenta, afirmó que cada día sin claridad sobre su legalidad consolida “un daño patrimonial irreversible para miles de empresas y puestos de trabajo”. Más de 15.000 empresas deben pagar este tributo.
Gutiérrez señaló que el Gobierno repite argumentos rechazados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-075 de 2026. “La no aprobación de leyes de financiamiento, las restricciones de la regla fiscal y los pasivos heredados de la pandemia no son hechos sobrevinientes ni extraordinarios”, dijo. Además, la Contraloría ha advertido sobre “alta incertidumbre, falta de trazabilidad y ausencia de sustento técnico detallado” en los $8,3 billones a recaudar.
La dirigente criticó que el Decreto 173 no agotó recursos ordinarios como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo o mecanismos de cooperación internacional. Recordó la Sentencia C-521 de 2019, que excluyó a personas jurídicas del impuesto por ser su patrimonio capital productivo, no riqueza personal.
El decreto se expidió el 24 de febrero de 2026, con causación el 1 de marzo, primera cuota el 1 de abril y segunda el 4 de mayo. Gutiérrez lo calificó de confiscatorio por plazos cortos y señaló doble tributación con el impuesto sobre la renta, además de una tarifa del 1,6% para sectores financiero y extractivo sin justificación.
