El Gobierno de Colombia expidió varios decretos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por inundaciones en ocho departamentos, incluyendo un impuesto del 16% a apuestas digitales y una adición de $8,6 billones al presupuesto de 2026. Estas medidas buscan financiar la atención a damnificados y reactivar la economía local. Críticos como la Andi y AmCham cuestionan su impacto en la inversión.
El 12 de marzo de 2026, el Gobierno colombiano, bajo el presidente Gustavo Petro, emitió decretos para enfrentar la emergencia por fuertes lluvias que afectan a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, declarada el 11 de febrero mediante el Decreto 0150.
El Decreto 0240 introduce medidas tributarias: un impuesto del 16% al consumo de juegos de suerte y azar operados por internet, calculado sobre ingresos brutos menos premios; un impuesto temporal de normalización tributaria del 19% para activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026; ajustes al impuesto al patrimonio que incluyen sucursales de empresas extranjeras, con pago en dos cuotas en abril y junio; y reducciones transitorias de sanciones e intereses para deudas al 31 de diciembre de 2025, con tasas del 4,5% y solo 15% de sanciones si se pagan antes del 30 de abril. La DIAN recibe facultades para conciliaciones con descuentos de hasta 85%.
El Decreto 0241 adiciona $8,6 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026, financiados por estas medidas. Los recursos se distribuyen así: $1,6 billones para Agricultura en acceso a tierras y recuperación agropecuaria; $1 billón para Educación en infraestructura escolar; $1,3 billones para Vivienda en reasentamientos y saneamiento; $1,1 billones para la UNGRD en recuperación; $626.220 millones para Transporte en vías y puentes; y $455.271 millones para Salud en atención a traumatismos y salud mental.
Otros decretos incluyen el 0242, que suspende cobros de gas a usuarios afectados hasta restauración de servicios y ofrece facilidades de pago por 12 meses a estratos 1 y 2; el 0243, que otorga facultades a gobernadores y alcaldes para reorientar presupuestos, diferir tributos y contratar créditos de tesorería hasta 15% de ingresos; el 0244, con garantías de crédito hasta 90% para economía popular vía FNG y FAG, subsidiadas por el Estado; y el 0245, que autoriza transferencias monetarias, apoyos alimentarios y capital semilla a damnificados por Prosperidad Social.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calificó el escenario fiscal como 'poco creíble' por falta de claridad en recortes de gasto, estimando un faltante de $32,1 billones. Petro respondió que se logrará con $16 billones de tributación a los ricos y reducción en costo de deuda. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, criticó el paquete como 'afrenta a la democracia' que golpea la inversión, pidiendo suspensión por la Corte Constitucional. María Claudia Lacouture de AmCham lo vio como 'atajo' que revive medidas tumbadas.
