La Corte Constitucional de Colombia declaró infundados los impedimentos presentados por varios magistrados para estudiar el decreto de emergencia económica, que incluye un impuesto al patrimonio para atender la crisis invernal en Córdoba. La Sala Plena continuará mañana, 29 de abril, con el análisis del expediente, tras la recusación de seis magistrados el día anterior. Empresarios y el presidente Gustavo Petro han reaccionado a esta revisión judicial.
La Corte Constitucional de Colombia, en su reunión del 28 de abril, rechazó los impedimentos presentados por magistrados y magistradas para apartarse del estudio del Decreto 0150 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la crisis invernal en Córdoba. Esta decisión permite que la Sala Plena avance mañana con el análisis de fondo sobre la exequibilidad de las medidas, incluyendo el impuesto al patrimonio.
El 27 de abril, seis magistrados se habían declarado impedidos, frenando temporalmente el proceso. La Corte determinó que no existe base legal para esas recusaciones, abriendo paso a una posible decisión sobre la legalidad del decreto.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), liderada por Bruce Mac Master, envió una carta a la Corte solicitando declarar inexequible el decreto. Argumentaron que erosiona el principio democrático, no satisface el presupuesto fáctico, no supera un juicio valorativo y que el Gobierno tenía mecanismos ordinarios disponibles. Pidieron efectos retroactivos.
El presidente Gustavo Petro criticó a la Andi, afirmando: "No le pareció grave a la Andi la emergencia en Córdoba, Sucre y Urabá". Reiteró su llamado a marchar el 1 de mayo en el Caribe.
El Consejo Gremial Nacional, por voz de su presidenta Natalia Gutiérrez, alertó sobre un "daño patrimonial irreversible" por el impuesto, cuestionando los argumentos del Gobierno ya rechazados en la Sentencia C-075 de 2026 y el monto de $8,3 billones, con advertencias de la Contraloría sobre incertidumbre y falta de trazabilidad.
