La Contraloría General de la República informó que el Decreto 0150 de 2026, con el que el Gobierno declaró emergencia económica en febrero por la crisis climática, no cuenta con bases de cálculo sólidas para requerir entre $8,26 y $8,68 billones. El ente de control identificó discrepancias en estimaciones de daños, como áreas inundadas, y ausencia de un plan nacional articulado. Esta revisión responde a un requerimiento de la Corte Constitucional.
La Contraloría realizó una revisión profunda del decreto, solicitado por la Corte Constitucional, y concluyó que no se evidencian bases detalladas para la estimación global de recursos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) admitió que sus cifras son dinámicas y pendientes de ajustes en campo, impidiendo su auditoría actual.
Entre los hallazgos clave, en Córdoba la Ungrd reportó 113.641 hectáreas inundadas, mientras que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría estimó 66.276 hectáreas mediante imágenes de radar Sentinel 1, una diferencia de 47.365 hectáreas que sugiere sobreestimación.
El informe destaca la falta de un plan nacional unificado, solo respuestas sectoriales agregadas, y debilidades como ausencia de priorización territorial, duplicidades en cálculos y recursos ordinarios no considerados. En vivienda, el mayor rubro con $4,45 billones solicitados, hay diferencias de más de $23.500 millones en cálculos.
La Contraloría cuestionó no recurrir primero a mecanismos de la Ley 1523 de 2012 y recomendó una política pública para financiar gestión de riesgos, dada la baja programación presupuestal para desastres en 2026. No emitió pronunciamientos en minas, energía y defensa por falta de información detallada.
