El presidente Gustavo Petro decretó una emergencia económica para enfrentar la crisis por intensas lluvias en el norte del país. La medida busca recaudar $8 billones mediante un impuesto temporal al patrimonio de grandes empresas y otros gravámenes. Críticos cuestionan la gestión de recursos existentes y advierten impactos en la economía.
El 14 de febrero de 2026, el gobierno colombiano, bajo el presidente Gustavo Petro, declaró una emergencia económica ante un frente frío atípico que ha causado daños por lluvias en ocho departamentos del norte del país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que los hechos son 'absolutamente sobrevinientes e impredecibles', afectando sustancialmente la región.
La estrategia fiscal se centra en recaudar $8 billones para atender a damnificados. El pilar principal es un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas con patrimonios netos superiores a $10.000 millones, con tasas de 0,6% para entre $10.000 y $31.000 millones, y 1,2% para montos mayores (equivalente a 200.000-600.000 UVT). Esto afectaría a cerca de 15.000 sociedades, excluyendo micro, pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, se incluyen ajustes a impuestos sobre juegos de azar e inversiones forzosas, así como un incremento en el gravamen a dividendos de grandes empresas para incentivar la reinversión y evitar salida de capitales.
Petro se reunió con su gabinete el jueves anterior para analizar estas medidas, afirmando que el sector financiero incumplió compromisos del Pacto por el Crédito de 2024, que buscaba orientar recursos a producción y crédito asociativo. Sin embargo, en los primeros 17 meses, se desembolsaron $228 billones a cinco sectores estratégicos, alcanzando el 90% de la meta de $255 billones, con crecimiento anual del 16%.
Críticos como Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advierten que nuevas inversiones forzosas de alrededor de $35 billones aumentarían la represión financiera, ya que Colombia es el tercer país de la región en este indicador. Esto podría elevar tasas de interés en 49 puntos base, reducir la cartera en 0,9 puntos base y bajar el PIB en 0,3 puntos base. Bruce Mac Master, de la Andi, señaló que la Ungrd debería manejar recursos existentes, pero ha habido problemas de ejecución. María Claudia Lacouture, de AmCham, enfatizó la necesidad de austeridad y mejor gasto para generar inversión sostenible.
La Contraloría reportó que en enero de 2026 se suscribieron más de 164.000 contratos por $14,8 billones, sugiriendo recursos disponibles mal utilizados.
