El Ejecutivo chileno ingresó al Congreso un proyecto de ley para recaudar hasta USD 1.350 millones destinados a la reconstrucción de viviendas e infraestructura dañadas por los incendios forestales de 2026 en Ñuble y Biobío. La iniciativa combina gasto fiscal, incentivos tributarios y atracción de inversión privada, sin aumentar impuestos permanentes. Alcaldes de las zonas afectadas urgen su aprobación rápida, aunque enfrenta críticas desde Valparaíso.
El gobierno de José Antonio Kast presentó este martes al Congreso un megaproyecto de ley para enfrentar los efectos de los incendios forestales que devastaron Ñuble y Biobío, quemando más de 42 mil hectáreas y causando 21 muertes. La iniciativa eleva el techo del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios a $1,2 billones (unos USD 1.400 millones), proyectando la reconstrucción de 4.429 viviendas.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, enfatizó la urgencia del financiamiento en una entrevista con radio Duna: “Uno no puede financiar la reconstrucción con recursos regulares porque es un evento catastrófico, inesperado”. El proyecto incluye mecanismos extraordinarios de recaudación temporal, una rebaja del 50% en el impuesto a donaciones para fomentar aportes privados, facilidades de pago y condonaciones de deudas para familias y pymes afectadas.
Además, busca acelerar proyectos reduciendo plazos administrativos, simplificando tramitaciones ambientales y limitando judicializaciones, criticando la “permisología” que frena inversiones. En vivienda, propone exención temporal de IVA para nuevas construcciones e incentivos para propiedades DFL2.
Alcaldes de Penco y Tomé presionan por rapidez. Rodrigo Vera (Penco) señaló: “Más de 3.540 hogares totalmente destruidos. Sin este proyecto no hay reconstrucción”. Ítalo Cáceres (Tomé) valoró 16 viviendas entregadas, pero destacó que 526 fueron destruidas y se necesitan 500 millones de dólares para Biobío.
Desde Valparaíso, la alcaldesa Camila Nieto cuestionó el enfoque: “Reduce la carga a los que más tienen, mientras debilita la capacidad del Estado”. La propuesta busca equilibrar reconstrucción con crecimiento económico mediante inversión privada.
