El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la ley que modifica la participación institucional de sindicatos y patronal en la Región de Murcia. La norma fue recurrida por el Gobierno central en octubre de 2025 por invadir competencias estatales y eliminar el principio de paridad en las subvenciones. La suspensión se prorrogó hasta el fallo definitivo.
El Tribunal Constitucional ha resuelto mantener sin efectos la ley aprobada en julio de 2025 por PP y Vox en la Región de Murcia, que altera la norma sobre participación institucional de organizaciones sindicales y empresariales representativas. Esta suspensión inicial se decretó el 29 de octubre de 2025, cuando el presidente Pedro Sánchez, a instancias del Ministerio de Trabajo y mediante la Abogacía del Estado, presentó recurso contra ella ante el tribunal de garantías. El Gobierno argumenta que la modificación invade competencias exclusivas estatales en libertad sindical (artículos 28.1 y 81 de la Constitución) y legislación laboral (149.1.7). En concreto, suprime la obligación de financiar mediante subvenciones nominativas a estos agentes sociales para compensar gastos de su participación, eliminando el principio de paridad que equipara sindicatos y patronal. Esto podría permitir subvenciones solo a empresarios, según el recurso. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el 22 de octubre de 2025 su intención de recurrir la norma durante unas jornadas de UGT, denunciando una ofensiva de la extrema derecha para desarticular el diálogo social. Una semana después, el Consejo de Ministros aprobó el recurso. El auto del Constitucional, al que accedió EL PAÍS, respalda la prórroga de la suspensión porque su aplicación causaría 'graves perjuicios para el interés general', al dañar la función de sindicatos y organizaciones empresariales en la representación de intereses sociales y económicos.
