La Comisión Europea ha remitido dos dictámenes motivados al Gobierno español esta semana por el encadenamiento abusivo de contratos temporales en las administraciones públicas. Exige elevar las compensaciones a los interinos afectados y amenaza con llevar a España ante los tribunales si no corrige la situación en dos meses. Más de un millón de los tres millones de empleados públicos son temporales.
En España, las administraciones públicas emplean a más de tres millones de trabajadores, de los cuales alrededor de un millón mantienen contratos temporales, según el Boletín Estadístico de Personal de julio de 2025. Esto representa un 32% de temporalidad, superior al 12,4% del sector privado.
Nieves Lao Giménez, enfermera de 42 años en el Servicio Andaluz de Salud desde hace 18, ha enlazado sustituciones cortas sin derecho a vacaciones. "Soy funcionaria, pero no puedo pedir una hipoteca", relata Belén, tramitadora procesal interina en Madrid desde 2004 con ocho contratos encadenados. J. L., empleado sanitario en La Rioja, acumuló 205 contratos en 19 años, cotizando solo 11.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en fallo del 14 de abril de 2026, reiteró que las medidas españolas como indemnizaciones tasadas y procesos de estabilización —que fijaron 419.000 plazas en cinco años— son insuficientes. La Comisión reactiva así el procedimiento de infracción abierto en 2014.
Si España no responde en dos meses, Bruselas la demandará. Abogados como Javier Araúz estiman 40.000 causas judiciales vivas, con sentencias recientes elevando compensaciones, como 52.000 euros a una investigadora del CSIC.
