Los interlocutores sociales se reunieron el jueves 19 de febrero en la sede de Unédic para discutir las rupturas convencionales, pero persisten las diferencias. El Gobierno exige al menos 400 millones de euros en ahorros, mientras que los empresarios apuntan a mil millones al año. El camino hacia un acuerdo el 25 de febrero parece estrecho.
Desde principios de enero, empresarios y sindicatos negocian para satisfacer la demanda del Gobierno de al menos 400 millones de euros en ahorros en el esquema de ruptura convencional, establecido en 2008. Este mecanismo permite un acuerdo mutuo entre empresarios y empleados para poner fin a los contratos. nnDurante la penúltima sesión el jueves 19 de febrero, las organizaciones patronales se mantuvieron en su objetivo de mil millones de euros en ahorros anuales, que consideran alcanzables. Para respaldarlo, presentaron una serie de medidas que suman más de 4.000 millones de euros. Estas propuestas van más allá de las rupturas convencionales e incluyen regímenes para trabajadores transfronterizos y artistas. nnLas sugerencias han provocado fuertes reacciones. La CGT, por boca de su secretario confederal Denis Gravouil, anunció una movilización intensificada para la sesión final del 25 de febrero. «Los empresarios no cuentan con la firma de la CGT para recortar los derechos de los desempleados, pero haremos todo el ruido posible, proporcional al ataque que estamos sufriendo», declaró. nnA pesar de estas discusiones, las posiciones siguen atrincheradas, lo que hace que un acuerdo parezca difícil antes de la fecha límite.
