La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas para suspender 3.000 millones de euros en préstamos estatales a la UTE de Indra y Escribano Mechanical & Engineering. El alto tribunal considera que no hay prueba de perjuicios inminentes e irreparables para la filial de General Dynamics. En cambio, destaca el relevante interés público en la modernización de la defensa nacional.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de Santa Bárbara Sistemas, filial europea de la estadounidense General Dynamics, para suspender cautelarmente los préstamos por 3.000 millones de euros concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Estos préstamos financian programas especiales de modernización (PEM) de armamento, enmarcados en contratos por un total de 7.240 millones de euros, aprobados mediante real decreto el pasado 14 de octubre.
El tribunal argumenta que los perjuicios alegados por Santa Bárbara “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale”, sin que se acredite daño inminente o de difícil reparación. Subraya que la compañía, líder mundial en defensa, no vería comprometida su continuidad, posición en el mercado ni empleo, y además es beneficiaria de otros préstamos, como 176 millones para el programa de actualización de vehículos Pizarro.
En contrapartida, la suspensión generaría “perjuicios importantes” al interés público, al alterar la planificación militar, industrial y presupuestaria. Los magistrados destacan la estrategia nacional y de la UE para reducir la dependencia exterior y fortalecer la industria de defensa, compromisos que requieren la ejecución inmediata de estos programas.
El fallo no resuelve el fondo del recurso de Santa Bárbara, que continúa su batalla judicial contra la adjudicación de contratos de artillería, donde pretendía proponer su modelo Némesis.
