El TJDFT suspende la medida cautelar y restablece la ley para las propiedades públicas en el rescate del BRB

El Desembargador Roberval Belinati, del TJDFT, suspendió el 17 de marzo una medida cautelar que bloqueaba el uso de propiedades públicas como garantía de préstamos del BRB para cubrir las pérdidas del Banco Master. Esto se produce después de que la Asamblea del DF aprobara, el 3 de marzo, y el gobernador Ibaneis Rocha sancionara, el 10 de marzo, una ley que autoriza operaciones por valor de hasta 6.600 millones de reales. La sentencia responde a un recurso del Gobierno del Distrito Federal, accionista mayoritario del BRB.

El 17 de marzo, el Desembargador Roberval Belinati, primer vicepresidente del Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), revocó una medida cautelar de primera instancia del 2º Tribunal Civil de Finanzas Públicas que había impedido al Gobierno del Distrito Federal (GDF) utilizar propiedades públicas como garantía para capitalizar el Banco de Brasília (BRB). La medida cautelar se derivaba de una acción pública de Ricardo Cappelli (PSB), Rodrigo Rollemberg y otros, que alegaban riesgos de disipación de activos.

Este hecho se produce después de que la Asamblea Legislativa aprobara el 3 de marzo un proyecto de ley -sancionado por el gobernador Ibaneis Rocha (MDB) el 10 de marzo- que incluye nueve propiedades públicas para su posible venta, transferencia o uso como garantía en operaciones de hasta 6.600 millones de reales con el Fundo Garantidor de Créditos (FGC) o bancos. La medida responde a la necesidad del BRB de provisionar cerca de R$ 8,8 mil millones para pérdidas de carteras de crédito fraudulentas adquiridas del Banco Master.

El GDF y el BRB apelaron la medida cautelar el 16 de marzo, argumentando que perturbaba las funciones administrativas y ponía en riesgo la liquidación del banco o la intervención federal. Belinati destacó la "función social relevante" del BRB en las políticas de crédito, los programas gubernamentales y los servicios a los funcionarios públicos y ciudadanos del DF, afirmando que las medidas del DF, autorizadas por la legislación local, sirven a un interés público primario.

La decisión precedió a la asamblea de accionistas de BRB del 18 de marzo para un aumento de capital de hasta 8.860 millones de reales, con fecha límite del 31 de marzo para el balance de 2025. El abogado de los demandantes, Rodrigo Pedreira, planea apelar.

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