El gobierno de José Antonio Kast retiró de la Contraloría General de la República 47 decretos supremos ambientales y eléctricos impulsados por la administración anterior. Los ministerios de Medio Ambiente y Energía justifican la medida como una revisión rutinaria. Críticos la ven como un retroceso.
El 12 de marzo, el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Francisca Toledo, retiró 43 trámites de toma de razón en la Contraloría General de la República (CGR). Estos decretos supremos datan de 2023 a 2026: uno de 2023, tres de 2024, 28 de 2025 y 11 de 2026. Entre ellos figuran iniciativas como el Parque Nacional Mar de Juan Fernández, Nazca Desventuradas II, el monumento natural para el pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales y una norma de emisión para centrales termoeléctricas. El subsecretario José Vial Barros firmó el documento de retiro, según el oficio oficial. El Ministerio de Energía, bajo Ximena Rincón, retiró cuatro procesos similares de 2025 y 2026, incluyendo modificaciones a reglamentos de generación de pequeña escala, coordinación del Sistema Eléctrico Nacional y biocombustibles sólidos. Ambas carteras explican que se trata de una práctica habitual al inicio de una gestión para asegurar estándares técnicos, enmarcada en el plan de auditoría interna del gobierno de Kast. Indicaron que planean reingresarlos pronto. Recordaron que el gobierno de Gabriel Boric presentó 21 decretos en marzo, 13 el último día de su mandato. El exministro Pablo Badenier calificó la acción de 'poco elegante', aunque habitual. Rodrigo Benítez, exsubsecretario, la defendió como razonable ante ingresos de último minuto. Marcelo Mena señaló que nunca se habían retirado todos los decretos de un gobierno previo. La senadora Yasna Provoste (DC) advirtió que no es revisión, sino 'retroceso histórico'. Adicionalmente, el gobierno retiró nominaciones para ministros de tribunales ambientales propuestos previamente.
