El juez Juan Carlos Peinado ha concluido la investigación de dos años sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y propone su juicio por jurado por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El auto de 39 páginas también acerca al banquillo a la asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Gómez se enteró de la decisión en Pekín, durante el viaje oficial de su marido.
El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, notificó este lunes un auto de 39 páginas en el que da por finalizada la instrucción del caso contra Begoña Gómez. Retira la imputación por intrusismo profesional y mantiene indicios para cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Propone un juicio con jurado popular.
Peinado basa los cargos en la cátedra extraordinaria de Transformación Social y Competitiva que Gómez dirigió en la Universidad Complutense de Madrid desde 2019, coincidiendo con la llegada de Sánchez a La Moncloa. Señala reuniones en La Moncloa con directivos como José María Álvarez-Pallete de Telefónica, Miguel Escassi de Google y Marc Murtra de Indra para captar apoyos al proyecto, incluyendo un software para certificación de sostenibilidad que Gómez registró a su nombre. El juez estima el daño patrimonial superior a 300.000 euros, describiéndolo como un "producto terminado, operativo y listo".
Incluye como cooperadora a Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa, por supuesta "presión moral" en tráfico de influencias y malversación al dedicar tiempo público a actividades privadas de Gómez. Juan Carlos Barrabés enfrenta cargos por beneficiarse de contratos públicos tras apoyar la cátedra. Peinado compara el caso con "regímenes absolutistas" y remite a la era de Fernando VII por falta de jurisprudencia similar.
Begoña Gómez se enteró del auto en Pekín, donde acompaña a Sánchez en una gira oficial que incluye un banquete con Xi Jinping. Fuentes de La Moncloa confirman que lo supo por la prensa tras llegar al hotel. La defensa de Gómez sostiene que su actividad en la Complutense era legal y que dejó trabajos privados más rentables.
