Courtroom illustration of Begoña Gómez's trial where Manos Limpias seeks over 10 years in prison for influence peddling.
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Manos Limpias pide más de diez años de cárcel para Begoña Gómez

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El seudosindicato Manos Limpias ha solicitado más de diez años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y malversación. También pide dos años y tres meses para el empresario Juan Carlos Barrabés. Paralelamente, la defensa de Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos al avanzar la causa sin resolver recursos pendientes.

Manos Limpias registró este viernes un escrito de acusación solicitando más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La organización argumenta que Gómez se prevalió de su posición como esposa de Pedro Sánchez para que la Universidad Complutense creara una cátedra que ella codirigió, de la que obtuvo 15.000 euros y extrajo software para comercializarlo. Además, emitió cartas de recomendación a favor de la empresa de Barrabés en licitaciones de Red.es financiadas por la Unión Europea.

El escrito también pide dos años y tres meses de prisión para Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias. Manos Limpias considera que los hechos podrían implicar prevaricación en el nombramiento de Gómez, aunque no lo acusa en esta fase. Gómez trabajó en la Complutense desde 2012 en roles de codirección de cursos y másteres, cobrando 40.000 euros en total, y fue nombrada codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva en 2020 sin remuneración.

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juicio por jurado contra Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, implicando también a Cristina Álvarez y Barrabés. La defensa de Gómez, representada por Antonio Camacho, presentó un escrito acusando al magistrado de tramitación 'anormalmente acelerada' y de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva al no resolver un recurso contra el procedimiento de jurado.

Camacho argumenta que avanzar sin responder genera indefensión y incertidumbre procesal, impidiendo el control de resoluciones judiciales.

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