El juez Juan Carlos Peinado ha informado a las partes del caso Begoña Gómez de que, si llega a juicio, será ante un jurado popular. Las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han exigido el archivo de la causa, al igual que la Fiscalía. Las acusaciones populares reclaman nuevas diligencias.
El miércoles durante la Semana Santa, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid acogió una vista en la que el juez Juan Carlos Peinado comunicó a las partes que el procedimiento contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés se tramitará por la vía del jurado popular si procede a juicio. Esta es la segunda vez que se realiza este trámite, tras la unificación de las piezas de la investigación ordenada el 20 de marzo.
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, exigió el archivo definitivo y anunció tres informes periciales: sobre las funciones de los asesores de los cónyuges del presidente en La Moncloa, el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y los supuestos perjuicios económicos a la UCM. "Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia", manifestó Camacho, según fuentes jurídicas. Desmontó uno a uno los cinco delitos imputados: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional, calificando la investigación de "déjà vu" y "pesadilla".
Manos Limpias, origen de la denuncia inicial, pidió archivar la causa contra Álvarez y, para Gómez, mantener solo malversación y tráfico de influencias, eliminando los otros tres y añadiendo prevaricación. La defensa de Álvarez solicitó un certificado de La Moncloa sobre sus funciones, mientras el fiscal José Manuel San Baldomero reiteró la petición de archivo tras casi dos años de investigación.
Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, ratificaron las imputaciones y propusieron diligencias como la vida laboral de Gómez, actualización de salarios de Álvarez y datos sobre una reunión relacionada con el software de la cátedra. Peinado decidirá pronto sobre estas peticiones. La causa, iniciada en abril de 2024, investiga actividades profesionales de Gómez con empresarios y la UCM, y el posible desvío de fondos públicos vía Álvarez.
