La Fiscalía ha remitido al Tribunal Supremo un informe favorable al indulto parcial de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. El documento destaca las consecuencias extrapenales desproporcionadas de la sentencia.
El informe, elaborado por la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, sostiene que la condena ha cumplido su función al afirmar la vigencia de la ley penal. García Ortiz ya abandonó el cargo de fiscal general del Estado tras la sentencia y no puede ser renovado por ley.
La Fiscalía argumenta que la inhabilitación pendiente carece de gran relevancia práctica, ya que se ha nombrado una nueva fiscal general. Destaca la ausencia de beneficio personal patrimonial y el objetivo de preservar el buen nombre de la institución ante ataques mediáticos.
García Ortiz ha abonado los 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador y la multa de 7.200 euros. La petición se limita a acortar los plazos para cancelar los antecedentes penales, sin afectar la indemnización ya pagada.
El Tribunal Supremo elaborará ahora su propio informe, aunque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros. La medida se tramitaría mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
