El pleno de la Corte de Santiago rechazó por unanimidad la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. La sentencia de 50 páginas critica duramente la investigación por confundir faltas administrativas con delitos penales. Los magistrados destacaron la falta de antecedentes claros para sustentar las imputaciones.
El pleno de la Corte de Santiago, con 24 votos a favor y ninguno en contra, desestimó la petición de desafuero contra Claudio Orrego. La decisión se tomó en relación con presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación por aplicación pública diferente y usurpación de funciones, vinculados al programa ProCultura.
La sentencia reprocha al Ministerio Público por no diferenciar irregularidades administrativas de responsabilidad penal. “Si bien el Ministerio Público describe una serie de hechos que, a su juicio, evidencian faltas o irregularidades administrativas, lo relevante es que aquello, por sí solo, no permite establecer responsabilidad penal”, indica el fallo.
Los magistrados señalaron que la Fiscalía no precisó la conducta concreta de Orrego en el supuesto fraude al Fisco, ni expuso una maquinación fraudulenta clara. Además, faltó un relato detallado de su participación, incumpliendo el deber de proporcionar elementos para plausibilizar los ilícitos.
Aunque se reconoció que la respuesta de Orrego ante el incumplimiento de ProCultura fue tardía, el tribunal consignó que terminó anticipadamente el convenio y exigió el cobro de pólizas de garantía. El programa “Quédate”, enfocado en prevención del suicidio, surgió de una necesidad pública inicial.
La defensa de Orrego celebró la sentencia por establecer que no hay antecedentes para otorgar plausibilidad a las imputaciones.
