El Consejo de Estado ha emitido un dictamen muy crítico contra el real decreto del Ministerio de Trabajo para reforzar el registro horario digital, considerando que no procede su aprobación. El órgano consultivo critica el impacto económico subestimado, la falta de adaptación sectorial y problemas de protección de datos. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, defiende la medida como esencial para cumplir la ley.
El Consejo de Estado aprobó la semana pasada un dictamen no vinculante pero muy desfavorable al proyecto de real decreto del Ministerio de Trabajo, que busca implementar un sistema digital interoperable de registro horario para combatir horas extra impagadas. El dictamen concluye: “No procede aprobar el real decreto proyectado” y recoge críticas de otros organismos como el Ministerio de Economía (dirigido por Carlos Cuerpo), Función Pública (Óscar López) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El Consejo, presidido por Carmen Calvo, estima un impacto inicial de 867 millones de euros anuales para 1,35 millones de empresas y 15,6 millones de trabajadores, criticando que la memoria de impacto normativo lo subestima. Señala cargas para pymes, necesidad de adaptación por sectores como hostelería, transporte o porteros, y falta de garantías en protección de datos, ya que el sistema técnico no está definido. Además, considera que el real decreto invade competencias legislativas, coincidiendo con denuncias de CEOE, y que la tramitación urgente no está justificada. El Ministerio de Economía emitió dos informes desfavorables (diciembre y febrero), valorando positivamente el objetivo pero negativamente la puesta en marcha, pidiendo periodos transitorios y exenciones sectoriales. Desde Trabajo responden: “Es incomprensible que alguien [...] pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley [...], y que las empresas que abusan [...] paguen las horas extraordinarias como corresponde”. Añaden que es parte del acuerdo de coalición PSOE-Sumar de 2023, pactado con CCOO y UGT tras el fracaso de la ley de 37,5 horas en el Congreso.