El Ministerio de Sanidad ultima nuevas acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su negativa a crear un registro de objetores de conciencia al aborto, pese a una orden judicial cautelar. Fuentes del departamento de Mónica García confirman que la Abogacía del Estado impugnará el recurso presentado por Madrid.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, prepara nuevas medidas legales contra la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, por su “obstinada y recurrente desobediencia” al no crear un registro de objetores de conciencia al aborto. Esto sigue al auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 9 de marzo, que ordenó de forma cautelar iniciar los procedimientos para su creación, ante el riesgo de “prolongar indefinidamente el incumplimiento” de la ley del aborto de 2023. Madrid se negó a acatarlo y presentó un recurso de reposición, que la Abogacía del Estado impugnará antes del próximo miércoles, como parte beneficiada del auto judicial. Fuentes de Sanidad indican que, si persiste la desobediencia, se estudiarán “todas las acciones legalmente a disposición”, recordando el artículo 410 del Código Penal, que prevé multas e inhabilitación para funcionarios que no cumplan resoluciones judiciales. García lo advirtió en la Comisión de Sanidad del Congreso. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó por unanimidad en diciembre de 2024 crear el registro, incluyendo la consejería madrileña. Todas las comunidades lo implementaron salvo Baleares, Aragón y Madrid (gobernadas por el PP); las dos primeras lo hicieron tras un requerimiento de octubre de 2025. Ayuso calificó el registro como “lista negra” e invitó a las mujeres a “abortar a otro lado”. El registro, no público, busca facilitar la planificación sanitaria en hospitales públicos, donde en Madrid el 99% de abortos se realizan en clínicas concertadas (79% en España), complicando interrupciones terapéuticas.
