La Comunidad de Madrid ha publicado en su Portal de Transparencia el proyecto de orden para crear el Registro de Personas Objetoras de Conciencia, en cumplimiento de una orden judicial. Este paso abre un periodo de 30 días hábiles para alegaciones y busca garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública.
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha dado el primer paso formal para establecer el registro de objetores de conciencia al aborto. El proyecto de orden de la Consejería de Sanidad se publicó este miércoles en el Portal de Transparencia para consulta pública, con el fin de cumplir la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El TSJM atendió la solicitud de la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Sanidad, que exigía iniciar los trámites administrativos y aplicar el protocolo aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 16 de diciembre de 2024. Este protocolo es vinculante para coordinar la implantación en todas las comunidades autónomas.
El proceso se enmarca en un requerimiento previo del Ministerio de Sanidad del 14 de octubre de 2025 a Madrid, Aragón y Baleares. El 15 de noviembre de 2025, la ministra Mónica García anunció acciones legales, respaldada por el presidente Pedro Sánchez, quien calificó el aborto como “un derecho esencial, convertido en negocio” en Madrid. La consejera de Sanidad regional defendió entonces la libertad de objeción con la Constitución en la mano.
Actualmente, Madrid externaliza la mayoría de interrupciones voluntarias de embarazo a clínicas privadas, con un gasto de 22 millones de euros en seis años. En regiones como Madrid, el porcentaje de abortos en la sanidad pública es inferior al 1%, frente al 21,26% a nivel estatal.
