El Gobierno nacional de Argentina oficializó el Decreto 139/2026, confirmando las reformas en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y rechazando el reclamo de talleres contra los cambios introducidos en 2025. La medida, publicada el 9 de marzo de 2026, mantiene modificaciones en plazos, habilitaciones y requisitos del sistema de control vehicular.
El 9 de marzo de 2026, el Boletín Oficial publicó el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Esta norma ratifica las reformas establecidas por el Decreto 196/2025 a la Ley de Tránsito 24.449, rechazando el reclamo administrativo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI), junto con empresas y particulares.
Los cambios cuestionados incluyen la extensión de plazos para la primera revisión técnica: de tres a cinco años desde el patentamiento para vehículos cero kilómetro, y cada dos años para aquellos de hasta diez años de antigüedad. El decreto justifica estas modificaciones por la evolución tecnológica del parque automotor y argumenta que 'la mayoría de los siniestros viales no se explica por fallas mecánicas del vehículo sino por factores humanos'.
Otro aspecto es la apertura del sistema de habilitación de talleres, donde 'la autoridad jurisdiccional no podrá limitar el número de talleres revisores que funcionarán en su jurisdicción, ni fijar tarifas mínimas o máximas obligatorias'. El Gobierno sostiene que 'la objetividad del sistema se garantiza mediante la fiscalización de los procesos y no a través de restricciones al objeto social de los prestadores'.
Además, se eliminó el Informe de Configuración de Modelo (ICM), considerado una simplificación administrativa, ya que 'las certificaciones de seguridad… son suficientes para garantizar que las alteraciones estructurales no comprometan las condiciones de Seguridad Vial'. El decreto concluye que los argumentos del reclamo no desvirtúan los fundamentos de la reforma, dejando firme el Decreto 196/2025 y agotando la vía administrativa.
Estas reformas aplican al marco nacional de la RTO, aunque en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) persisten diferencias regulatorias entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en aspectos como costos y periodicidad local.
