La Cámara de Diputados aprobó este miércoles (13) el marco legal para el transporte público colectivo urbano, el cual separa el costo de las operaciones de la tarifa pagada por los pasajeros y amplía las fuentes de financiamiento. El texto pasa a sanción presidencial tras su aprobación en el Senado en diciembre de 2024.
El proyecto de ley define el transporte público como un derecho social y un servicio esencial, con una gestión compartida entre el gobierno federal, los estados y los municipios. Permite a las autoridades públicas establecer tarifas por debajo del costo real, cubriendo la diferencia con recursos tales como publicidad, derechos de nombre (naming rights), explotación comercial en estaciones y el 60% de los valores de la CIDE aplicados en zonas urbanas.
Las gratuidades y los descuentos, como los destinados a ancianos y estudiantes, ya no podrán ser financiados por los pasajeros que pagan y deberán ser cubiertos por presupuestos públicos específicos. El texto también garantiza la circulación prioritaria para el transporte colectivo sobre los automóviles y motocicletas, además de exigir transparencia de datos a través del Sistema Nacional de Información de Movilidad Urbana.
Aprobado tras la presión de los alcaldes, el marco legal elimina artículos controvertidos que autorizaban tasas como los peajes urbanos. El ponente José Priante declaró que el texto fortalece el papel de las autoridades públicas como planificadoras y reguladoras del sistema.
