El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para 2025 por no publicar íntegramente el informe técnico-económico que justificaba su cálculo. La sentencia estima recursos de varias instituciones y abre la puerta a devoluciones para las 130.000 personas que reclamaron, aunque el consistorio puede recurrir ante el Supremo. El fallo destaca la falta de transparencia en la información pública como vicio de nulidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula de pleno derecho la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) de 2025, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid bajo José Luis Martínez-Almeida. La sentencia, hecha pública este lunes 23 de marzo de 2026, estima recursos interpuestos por instituciones como Más Madrid y la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), así como organizaciones vecinales. El motivo principal es un defecto en el trámite de información pública: el Ayuntamiento no publicó de forma íntegra el informe técnico-económico (ITE), especialmente el anexo 6 sobre generación de residuos por actividades económicas, clave para homogeneizar distritos y calcular cuotas por inmueble residencial. “La publicidad debe ser íntegra para que el derecho a participar sea real”, expone la sentencia, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige accesibilidad del ITE para verificar la racionalidad del reparto de costes. Esta omisión vulnera garantías procedimentales básicas, impidiendo a los ciudadanos conocer los fundamentos de la norma. La tasa, que comenzó a cobrarse en septiembre de 2025 ante descontento por disparidades (de 60 a más de 200 euros por barrios), generó 130.187 reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal o la Agencia Tributaria. El Ayuntamiento estima ingresos de unos 256-300 millones de euros anuales. Fuentes municipales indican que el fallo “no entra en cuestiones de fondo” y analizan recurrir en casación ante el Supremo en 30 días, lo que retrasaría devoluciones hasta que sea firme. La oposición, como Rita Maestre de Más Madrid, lo califica de “gran victoria” por ser una “chapuza ilegal” que penaliza barrios del sur y este. Enma López del PSOE lo ve como “varapalo judicial” por falta de transparencia. Para 2026, se modificó la ordenanza incluyendo empadronados, elevando la media de 141 a 142,6 euros.
