La Fiscalía imputará cargos por prevaricato por acción al exalcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón y dos exfuncionarios por la ilegal ampliación del perímetro urbano mediante el Decreto 1066 de 2023. Esta acción, emitida semanas antes del fin de su mandato, fue revocada por la actual administración. La audiencia se suspendió y se reanudará después de Semana Santa.
El exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, junto con José Eustacio Rivera Montes, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación (DAP), y Daniel Fernando Martínez Falla, exdirector de Ordenamiento Territorial, enfrentarán imputación por el delito de prevaricato por acción, según la fiscal séptima seccional Sandra Patricia Orjuela. Los cargos se basan en la emisión del Decreto 1066 de 2023 y la Resolución 059 de 2023, que ampliaron el perímetro urbano sin competencia legal, incorporando suelos rurales y de riesgo clasificados en el Acuerdo 026 de 2009 como no urbanos. Esta medida se justificó como corrección de inconsistencias cartográficas, pero informes técnicos posteriores confirmaron que no existían tales errores, según la denuncia presentada por el abogado Sheiber Cuenca Galindo en representación del actual alcalde Casagua, quien revocó el decreto el 17 de enero de 2024. La decisión ignoró procedimientos de participación ciudadana, concertación interinstitucional y aval ambiental de la CAM, además de la falta de disponibilidad de servicios públicos, como acreditó la empresa Las Ceibas. La audiencia de imputación inició el viernes pasado ante el Juez Cuarto Penal Municipal, pero fue suspendida a solicitud de los abogados Daniel Sánchez y David Benavidez, y se reanudará tras Semana Santa. La Fiscalía considera que los actos fueron manifiestamente contrarios a la ley, usurpando funciones del Concejo Municipal. Cuenca Galindo señaló: “existía un conocimiento de carácter delictivo del comportamiento”. El POT de Neiva, adoptado en 2000 y ajustado en 2009, permanece desactualizado.
