El fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal que se rechace la apelación del Gobierno y se ratifique la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad. El dictamen subraya que el derecho a la protesta tiene una tutela preferencial sobre el tránsito absoluto y critica la intervención policial automática. La decisión final queda en manos de la Cámara.
El fiscal Rodrigo Cuesta presentó un dictamen ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal recomendando desestimar el recurso de apelación del Gobierno nacional contra la sentencia que declaró nulo el protocolo antipiquetes. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad bajo la exministra Patricia Bullrich, buscaba regular las manifestaciones priorizando el tránsito vehicular sobre el derecho a la protesta social, según el dictamen publicado el 26 de marzo de 2026 por Perfil y otros medios. Cuesta argumentó que el Estado no puede priorizar el tránsito de forma absoluta, ya que el derecho a la manifestación goza de una 'tutela preferencial' en democracia. Remarcó que el protocolo excede las facultades del Ministerio al regular derechos fundamentales mediante una normativa administrativa que anula garantías constitucionales. El fiscal advirtió contra la 'automaticidad' de la represión policial, que obliga a intervenir inmediatamente ante cualquier afectación de la vía pública sin evaluar circunstancias ni la legitimidad del reclamo, lo cual resulta 'incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad' de la Constitución. La causa fue iniciada por organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional, Sipreba, ATE, ANDHES, Polo Obrero, FOL y la Confederación Indígena Neuquina, que denunciaron un sesgo punitivo en la medida. Para el CELS, este dictamen representa un control judicial relevante sobre políticas de orden público que restringen derechos democráticos. Aunque el dictamen no es vinculante, fortalece la posición de los demandantes y complica la defensa del Gobierno. La Cámara debe resolver ahora si confirma la nulidad, en un caso que podría servir de precedente sobre el equilibrio entre circulación y expresión social en Argentina.