El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steinert, amplió la querella contra tres estudiantes formalizados por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia, invocando la Ley de Seguridad del Estado. La acción fue declarada admisible por el juez Fabián Duffau el 22 de abril, pese a debates sobre si Steinert tiene facultades para ello. El gobierno también apeló la resolución que rechazó prisión preventiva para los imputados.
Tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile —Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga— fueron formalizados el lunes por la agresión ocurrida a inicios de abril contra la ministra Ximena Lincolao en Valdivia. Inicialmente quedaron con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, tras la resolución del juez Pablo Yáñez que rechazó prisión preventiva debido a su irreprochable conducta previa y penas bajas por atentado contra la autoridad.
El Ministerio de Seguridad Pública, representado por los abogados Joaquín Pizarro y Vicente Canales, amplió la querella invocando el artículo 5° letra b de la Ley de Seguridad del Estado, que sanciona la privación de libertad para alterar el orden público o imponer exigencias a la autoridad. Argumentan que Lincolao estuvo cerca de dos horas bloqueada en el Aula Magna, con accesos obstruidos por manifestantes que la agredieron con líquidos y empujones. La ampliación, presentada por la ministra Trinidad Steinert, fue declarada admisible el 22 de abril por el juez Fabián Duffau.
Sin embargo, surge un debate legal: el artículo 26° de la ley faculta exclusivamente al Ministerio del Interior, intendentes regionales o la persona afectada para iniciar acciones por esta norma. El senador Iván Flores (DC) afirmó: «La ministra Steinert no tiene facultades legales para recurrir a esta norma». El exsubsecretario Rafael Collado coincidió en que es una «titularidad exclusiva» de Interior.
Fuentes del Ejecutivo defienden la acción, citando impacto en el orden público y la admisibilidad judicial. El senador Arturo Squella (Republicano) criticó a Flores: «Intentar boicotear una acción declarada admisible... lo pone del lado de quienes agredieron». Las defensas podrían cuestionar la legitimación ante la Corte de Valdivia.
