El gobierno chileno refuerza su postura para impedir el acceso a la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por delitos graves, como parte del proyecto de ley Escuelas Protegidas, en medio de un intenso debate sobre su constitucionalidad y efectos en la reinserción social.
El proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, firmado el martes por el presidente José Antonio Kast, busca combatir la violencia escolar mediante medidas de seguridad. Su artículo sexto establece que, para acceder a la gratuidad en educación superior, los beneficiarios no deben haber sido condenados por sentencia firme por delitos contra la vida, integridad física o psíquica, propiedad o infraestructura pública.
La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, defendió la iniciativa este viernes desde Ñuble, citando incidentes como la muerte de una inspectora en Calama hace una semana y la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia. “No es de sentido común que reciban beneficios pagados por todos nosotros después de cometer delitos”, afirmó Sedini, enfatizando derechos y deberes.
La bancada Republicanos urgió discusión inmediata y criticó al Partido Comunista por supuestamente dilatar el trámite. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, apoyó restringir la gratuidad, pero prefirió un “maletín de herramientas” flexible en lugar de obligaciones uniformes, como detectores de metal en todos los colegios.
Académicos divergen: Emilio Oñate, de la Universidad Central, lo califica de “doble sanción” inconstitucional que frena la reinserción, mientras Joaquín Palma, de la Universidad Finis Terrae, argumenta que la gratuidad es un beneficio estatal configurable, no un derecho absoluto.
Paralelamente, la Superintendencia de Educación lanzó una guía práctica con medidas como comités de seguridad, refuerzo de salud mental y control de ingresos. La superintendenta (s) Pamela Adriazola Rojas subrayó: “La seguridad y el bienestar son una prioridad absoluta”.