El miércoles 1 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que autoriza la instalación de pórticos detectores de metales en colegios bajo estrictas condiciones. La norma responde a un aumento de violencia escolar, como el reciente apuñalamiento de un alumno en Calama. Sin embargo, su implementación no es inmediata debido a reglamentos pendientes y falta de financiamiento específico.
La ley, publicada este miércoles en el Diario Oficial, establece en su artículo 10 que los sostenedores de colegios podrán usar recursos tecnológicos para detectar armas, siempre que cuenten con acuerdo de la comunidad educativa y la medida sea fundada, proporcional, necesaria e idónea.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, aclaró que "no es una obligación para los colegios, sino una herramienta para aquellos que lo estimen necesario y cuenten con acuerdo de su comunidad educativa". No obstante, requiere un reglamento del Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública en un plazo de 12 meses, además de protocolos internos aprobados por la Subsecretaría de Educación tras informe técnico de Seguridad.
El contexto es un clima de creciente violencia escolar, marcado por el asesinato de una inspectora en el liceo Obispo Silva Lezaeta de Calama y, el mismo miércoles, un alumno de octavo básico apuñalado por un compañero a las afueras de la escuela República de Chile D-52 en esa ciudad. Carabineros detuvo al atacante, también menor, poco después.
Los sostenedores deben financiar las instalaciones con fondos existentes como la Subvención Escolar Preferencial o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Reacciones varían: el SLEP Santiago Centro espera acuerdos comunitarios, Ñuñoa evalúa la medida, Vitacura prioriza prevención, y el presidente de FIDE, Pedro Díaz, la ve como respaldo jurídico aunque tardío. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, advierte que la tecnología no resuelve problemas de fondo.
