El gobierno de José Antonio Kast moderó sus propuestas iniciales para limitar la gratuidad en educación superior ante resistencia de partidos oficialistas como RN y UDI. En lugar de un tope de edad y una moratoria de cuatro años para nuevas instituciones, optó por ajustes más leves en los indicadores económicos y una pausa de dos años. Esto busca facilitar la tramitación del Proyecto de Reconstrucción.
El gobierno chileno ajustó su enfoque sobre la gratuidad, política que cumple una década, en el marco de la megarreforma conocida como Proyecto de Reconstrucción. Inicialmente, una minuta oficial proponía prohibir el beneficio para quienes ingresaran a la universidad con más de 30 años, idea que luego mutó a 12 años después de egresar del colegio, según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, estas propuestas generaron fricciones internas y críticas de figuras oficialistas.
Diputados como Diego Schalper (RN) cuestionaron el tope de edad: “Pretender cortarle la gratuidad a mayores de 30 años es una equivocación”. Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputados, coincidió: “Nosotros en gratuidad pensamos que ponerle el tope por edad es un error”. La resistencia de RN y UDI influyó en los cambios finales.
El artículo 24 del proyecto reemplaza el PIB Tendencial por el PIB Tendencial No Minero como indicador, elevando umbrales y dificultando la activación de nuevos deciles para la gratuidad. El artículo 25 establece una moratoria de dos años para el ingreso de nuevas instituciones, reducida desde los cuatro años propuestos inicialmente, sin afectar a las actuales.
Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la Comisión de Educación, elogió la decisión: “va en la dirección correcta, ya que incorpora un necesario criterio de responsabilidad y una mejor focalización”. Daniela Serrano (PC) criticó: “el gobierno entendió que no tenía agua en la piscina para proponer una modificación mayor”. Schalper celebró que el acotamiento facilite acuerdos.