El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad exigir al gobierno nacional la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó la emergencia presupuestaria para 2026. La medida responde a la falta de actualización del presupuesto, que no cubre la inflación ni los gastos esenciales. Esto pone en riesgo las actividades de docencia, investigación y salud de la institución.
El 11 de marzo de 2026, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tomó una decisión unánime para exigir al gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial. Esta ley, aprobada dos veces por el Congreso en 2025, fue vetada inicialmente por el Poder Ejecutivo, pero el veto fue rechazado, dejándola nuevamente aprobada. Sin embargo, su implementación permanece detenida, a pesar de un fallo judicial que ordena la transferencia de fondos.
La resolución declara la emergencia presupuestaria para 2026, ya que el presupuesto nacional no contempla las disposiciones de la ley ni incluye actualizaciones por inflación para cubrir gastos de funcionamiento, sueldos y servicios esenciales. El Consejo solicitó a los Ministerios de Capital Humano y de Economía una actualización urgente, priorizando áreas como salud, investigación, extensión, educación, infraestructura, becas estudiantiles y financiamiento de colegios preuniversitarios.
Además, se confirmó la emergencia salarial para docentes, no docentes, profesionales de la salud e investigadores. La UBA advirtió que sin recursos adecuados, se afectará la calidad educativa y la atención en sus seis hospitales e institutos universitarios. La institución resalta su rol estratégico: gradúa casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios en Argentina.
En respuesta, asociaciones docentes convocaron un paro nacional desde el 16 de marzo, demandando la aplicación de la ley y la convocatoria a paritarias. El gobierno apeló el fallo judicial y presentó un contraproyecto con un aumento del 12,3% para 2026, eliminando la equiparación salarial con la inflación. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había presentado un amparo que resultó favorable, pero el Ejecutivo busca nuevas fuentes de financiamiento a través del Presupuesto.
El comunicado enfatiza que promover una educación de calidad es una obligación del Estado y requiere trabajo conjunto entre universidades y el Poder Ejecutivo para el desarrollo del país.
