El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23,7% al salario mínimo para 2026, pero el gobierno y representantes obreros buscan mantenerlo. El presidente Gustavo Petro convocó a una movilización nacional el 19 de febrero para defender el salario vital. Fenalco advirtió riesgos para más de 700.000 empleos formales.
El 16 de febrero de 2026, se inició la Comisión de Concertación en el Ministerio de Trabajo para discutir el ajuste del salario mínimo, convocado por el ministro Antonio Sanguino por instrucción del presidente Gustavo Petro. Esta reunión, que incluyó al gobierno, gremios empresariales y centrales obreras, se da tras la suspensión provisional del decreto que establecía un incremento del 23,7%, dejando el salario en $2 millones más un subsidio de transporte de $249.095.
Sanguino describió la conversación como fluida y afirmó que 'de lado y lado de la mesa se encuentran en favor de mantener el incremento de 23,7% del salario mínimo'. El gobierno reiteró su compromiso con el salario vital y móvil, conforme a la Constitución, y planea expedir un decreto transitorio mientras defiende la medida judicialmente. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el salario vital es un derecho adquirido y que se realizarán análisis económicos para responder al Consejo de Estado.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que mantener el 23,7% generaría riesgo para más de 700.000 empleos formales y dificultaría el acceso a empleos dignos para 13 millones de informales. 'No es posible reabrir la discusión ni cambiar los parámetros técnicos establecidos', explicó Cabal, quien también expresó preocupación por las más de un millón de micro y pequeñas empresas, que representan el 93% del tejido empresarial y no podrían asumir el incremento. Agregó que el aumento ya impacta la inflación en sectores como transporte, comida fuera del hogar y salud.
Petro, en una alocución televisada, desacordó con la suspensión ordenada por el magistrado Juan Camilo Zas Moreno del Consejo de Estado, citando la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional que prioriza la protección del trabajo. Convocó a concentraciones el 19 de febrero a las 4:00 p.m. en plazas públicas para respaldar la propuesta, enfatizando que 'la defensa de la medida no se limita a argumentos jurídicos o económicos, sino que también requiere la fuerza del pueblo trabajador'.
