El Centro de Pensamiento Económico de la Anif alertó sobre los efectos negativos del aumento del 23% en el salario mínimo, que generará un costo fiscal adicional de 3,8 billones de pesos para el Gobierno en 2026. Esta medida, aunque celebrada por el Ejecutivo, elevará los costos laborales y podría aumentar la informalidad e inflación. La entidad destaca implicaciones en nómina pública, pensiones y recaudo tributario.
El aumento del 23% en el salario mínimo, decretado por el Gobierno colombiano, ha sido una de las decisiones más destacadas de la administración actual. Sin embargo, la Anif, un centro de análisis económico respetado, estima que esta medida impondrá un costo adicional de 3,8 billones de pesos en el gasto no constitucional (GNC) de 2026.
Históricamente, el incremento del salario mínimo ha superado en promedio 1,3 puntos porcentuales la suma de la inflación y el crecimiento de la productividad. En este caso, el alza real alcanza el 17,9%, basado en el salario vital y metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto afectará principalmente a micro y pequeñas empresas, que representan el 98% del tejido empresarial del país, incrementando sus costos laborales.
Sectores vulnerables como la agricultura, actividades artísticas, alojamiento y servicios de comida enfrentan mayor riesgo de informalidad, dado que sus salarios están cerca del mínimo. Además, se observan presiones inflacionarias en la demanda agregada, reflejadas en el reciente alza de 100 puntos básicos en la tasa de intervención del Banco de la República.
En el ámbito fiscal, el impacto es significativo en un contexto de estrechez presupuestaria. La nómina de unos 800.000 funcionarios públicos de contratación directa verá un aumento de aproximadamente 300.000 millones de pesos. Para pensiones, el 55,4% de los afiliados a Colpensiones —más de un millón de personas— recibirán ajustes equivalentes al mínimo, sumando 3,1 billones de pesos al gasto. El mecanismo de cobertura de deslizamiento en rentas vitalicias pasará de 990.792 millones a 1,5 billones de pesos.
La Anif también prevé una reducción de 3,5 billones en el recaudo del impuesto de renta de personas jurídicas para el año gravable 2026, debido a mayores costos deducibles que erosionan las utilidades. 'En un contexto de alta estrechez fiscal por el que atraviesa el país, un aumento del salario mínimo en esta magnitud introduce rigideces adicionales sobre la inflexibilidad del gasto, reduciendo el margen de maniobra del Gobierno para sanear las finanzas públicas', concluyó la entidad.
Estos efectos subrayan la necesidad de equilibrar políticas laborales con sostenibilidad fiscal, especialmente ante posibles incrementos en beneficiarios del Fondo de Garantía Mínima por decretos recientes.
