El gobierno colombiano incrementó el salario mínimo en un 23% para 2026, superando los parámetros técnicos de inflación y productividad. Esta medida, defendida como un 'salario vital', ha provocado un repunte inflacionario en enero y un costo fiscal estimado en $3,8 billones adicionales. Expertos advierten sobre impactos en el empleo y las finanzas públicas.
El incremento del salario mínimo legal vigente (SMMLV) en Colombia para 2026 fue del 23%, según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, representando un aumento real de 17,9%. Esta decisión, justificada por el gobierno como una apuesta por un 'salario vital' propuesto por la OIT, supera los parámetros tradicionales de inflación del 5,1% más el crecimiento de la productividad.
Los impactos directos incluyen mayores costos laborales, afectando especialmente a las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 98% del tejido empresarial colombiano. Se prevé una postergación de contrataciones, aumento de informalidad y posibles pérdidas de empleo en sectores como agricultura, hotelería y servicios de comida. Además, el Banco de la República respondió con un alza de 100 puntos básicos en su tasa de intervención para contener presiones inflacionarias.
En enero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual alcanzó el 5,35%, con una variación mensual del 1,18%, según el Dane. Este repunte de 25 puntos básicos respecto a diciembre de 2025 se concentró en servicios (72% del aumento), con subidas en comida en establecimientos del 9,2% y trabajo doméstico del 10,8%. Anif e Itaú atribuyen parte de esto al 'efecto de indexación' del ajuste salarial, aunque un reporte menciona un incremento del 12%, lo que contrasta con la cifra oficial del 23%.
Fiscalmente, el costo adicional para el Gobierno General Central se estima en $3,8 billones comparado con un alza técnica del 6%. Esto incluye $3,1 billones en pensiones de Colpensiones para más de un millón de pensionados y $1,5 billones en rentas vitalicias. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta un total de $5,3 billones en 2026, potencialmente $8 billones en 2027, junto con una caída en recaudo de impuestos de $3,5 billones.
Aunque la medida busca mejorar ingresos de hogares vulnerables, expertos destacan riesgos sin compensatorias, en un contexto de rigidez fiscal.
