El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijaba el salario mínimo para 2026 en $1.750.905 con un aumento del 23,7%. El Gobierno debe expedir un nuevo decreto transitorio en ocho días, mientras el decreto original sigue vigente hasta su publicación. Diversos sectores reaccionaron, desde el apoyo de gremios hasta la defensa del Ejecutivo.
El Consejo de Estado de Colombia emitió una medida cautelar suspendiendo provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, expedido el 29 de diciembre de 2025, que establecía un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, fijándolo en $1.750.905 más un subsidio de transporte de $249.095, totalizando cerca de $2 millones. Esta decisión responde a demandas que alegaban que el incremento no cumplía con criterios técnicos como inflación, productividad y capacidad de pago empresarial, según la Ley 278 de 1996.
El tribunal ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días calendario, aplicando integralmente los parámetros constitucionales y legales, incluyendo la meta de inflación, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional. La suspensión no afecta derechos ya causados, como pagos de nómina y pensiones realizados bajo el decreto original, que continúa rigiendo hasta la publicación del nuevo.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, convocó para el 16 de febrero de 2026 a las 10:00 a.m. a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en el Ministerio, por instrucción del presidente Gustavo Petro. Sanguino calificó la decisión como 'precipitada e indignante para los trabajadores' y anunció recursos legales para defender el 'salario vital' ordenado por el artículo 53 de la Constitución. Petro afirmó: 'Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución', y defendió que el decreto incluía todos los criterios económicos.
Gremios como Fenalco, presidido por Jaime Alberto Cabal, respaldaron la suspensión, argumentando que 'la ilegalidad del decreto era evidente' y protege la Constitución y el empleo formal, estimando 772.340 empleos en riesgo. Acopi expresó preocupación por la inseguridad jurídica que afecta a microempresas, que contratan mayoritariamente salario mínimo. La Andi, liderada por Bruce Mac Master, no demandó pero urgió mitigar efectos en inflación y empleo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, la tildó de 'decisión política' y prometió apelación, asegurando que el 28 de febrero se pagará el aumento. Datos del Dane indican que 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo, impactando a sectores vulnerables como aprendices del Sena y soldados.
Esta medida deja en vilo unos 60-70 bienes y servicios indexados al mínimo, como matrículas educativas y consultas médicas.
