El Ministerio del Interior rechazó de manera categórica cualquier amenaza, hostigamiento o intimidación contra la Defensoría del Pueblo y organizaciones que previenen violaciones a derechos humanos. Estas entidades realizan labores de advertencia temprana y defensa de derechos fundamentales con independencia e imparcialidad. El Gobierno llamó a garantizar su ejercicio pleno en los territorios.
El Ministerio del Interior emitió un comunicado rechazando enfáticamente amenazas o actos que obstaculicen las funciones de la Defensoría del Pueblo, así como de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la prevención de violaciones a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estas labores, que incluyen advertencia temprana, acompañamiento comunitario y defensa de derechos fundamentales, se enmarcan en el mandato constitucional y legal, y se ejercen con autonomía, según el ministerio. “No pueden ser objeto de presiones ni represalias”, se indica en el texto oficial. El trabajo de estos servidores cuenta con protección especial en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y cualquier interferencia afecta el Estado Social de Derecho y la protección civil bajo el DIH. El ministerio hizo un llamado a todos los actores territoriales para garantizar condiciones que permitan el pleno ejercicio de estas funciones. A través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), se fortalecerá la articulación con el sector defensa y la Unidad Nacional de Protección para medidas oportunas ante alertas y protección de comunidades en riesgo. Las acciones gubernamentales buscan consolidar la seguridad territorial con enfoque en derechos humanos y convivencia. El comunicado se publicó el 20 de marzo de 2026.
