Un juez federal anuló el protocolo antipiquetes al considerar que el Ministerio de Seguridad carece de facultades para restringir derechos constitucionales. El Gobierno nacional, liderado por la ministra Alejandra Monteoliva, defendió la medida y anunció que la apelará en los tribunales. La decisión judicial responde a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El juez federal Martín Cormick declaró nula la Resolución 943/23, que establece el protocolo antipiquetes, en respuesta a un amparo colectivo del CELS. Según el fallo, emitido el 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Seguridad no tiene potestades para limitar derechos constitucionales mediante una resolución administrativa, citando las leyes 16.986 y 19.549. El magistrado abrió una vía penal para denuncias de afectados por la aplicación del protocolo.
El Gobierno reaccionó de inmediato. La ministra Alejandra Monteoliva publicó en X: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”. Defendió la herramienta como validada por la experiencia, con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y acusó a la 'vieja política' de buscar desorden. “No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar”, aseguró. El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado titulado “SIN PROTOCOLO ANTIPIQUETES NO HAY ORDEN”, destacando que la Justicia lo ha validado previamente y que garantiza la libre circulación sin prohibir manifestaciones, solo ordenándolas.
El protocolo, diseñado durante la gestión de Patricia Bullrich y mantenido bajo Monteoliva, se aplicó intensamente en el último año. Un ejemplo clave es la marcha de la CGT a mediados de diciembre contra la reforma laboral de Javier Milei. Otro incidente ocurrió el 12 de marzo, cuando el reportero Pablo Grillo resultó herido por un proyectil de gas lacrimógeno durante una protesta cerca del Senado; aún se recupera en rehabilitación.
El CELS celebró el fallo: “Pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”. Críticos como Rodolfo Aguiar, de ATE, lo vieron como un avance contra la represión, estimando más de 1.400 heridos en manifestaciones desde su implementación, y afirmaron que una resolución no puede sobrepasar la Constitución.
