Un juez de la 12.ª Vara Federal de São Paulo ha suspendido provisionalmente los efectos del decreto del presidente Lula que altera las normas del Programa de Alimentación del Trabajador (PAT), en respuesta a una demanda de la operadora Ticket S.A. La sentencia prohíbe a la Unión inspeccionar o penalizar a la empresa por incumplimiento de las nuevas regulaciones. La decisión solo se aplica a Ticket, que busca certeza jurídica en el sector.
El martes 20 de enero de 2026, el juez Maurílio Freitas Maia de Queiroz de la 12.ª Vara Federal de São Paulo concedió una medida cautelar suspendiendo los efectos del decreto firmado por el presidente Lula en noviembre de 2025, que reformó el Programa de Alimentación del Trabajador (PAT). La decisión beneficia inicialmente solo a Ticket S.A., la demandante en la demanda, e impide a la Unión realizar inspecciones o imponer sanciones a la empresa por no seguir las nuevas reglas. El decreto buscaba impulsar la competencia en el mercado de vales de comida y alimentación, ampliando la libertad de elección de los beneficiarios. Los principales cambios incluían limitar al 3,6 % las tarifas cobradas por los operadores a restaurantes y supermercados, y reducir a la mitad el plazo de pago a los establecimientos, de 30 a 15 días. El Gobierno estableció un período de adaptación de 90 días, que Ticket consideró «técnica y económicamente inviable». La operadora sostiene que el decreto es inconstitucional, sobrepasa la autoridad reglamentaria e infringe principios como la libertad económica y la libre competencia al imponer cambios estructurales al sector por decreto en vez de por ley. En la sentencia, el juez coincidió en parte, indicando que las disposiciones sobre límites de tarifas, plazos de pago e interoperabilidad obligatoria exceden la organización administrativa del PAT e impactan la estructura del mercado de beneficios. Subrayó que «no es admisible la innovación autónoma del ordenamiento jurídico ni la creación de obligaciones sin suficiente autorización legal». Al firmar la medida, Lula afirmó en redes sociales que el decreto pondría fin al «oligopolio de unas pocas empresas sobre los vales de comida de los trabajadores». El juez respondió que la mera existencia de un oligopolio no vulnera la ley, y que corresponde a la Cade abordar prácticas anticompetitivas. El Gobierno no había comentado hasta el momento de la publicación. Ticket declaró que la demanda busca «obtener certeza jurídica y preservar la integridad y operación del programa, asegurando la continuidad de los beneficios alimentarios para los trabajadores». El sector está dividido: asociaciones de operadores, bares y restaurantes critican el límite de tarifas del MDR, mientras los supermercados lo apoyan. El Gobierno anticipó impugnaciones judiciales, con docenas de otros operadores presentando demandas.
