El 13 de enero de 2026, un tribunal chileno absolvió al excomandante de Carabineros Claudio Crespo, identificado como el autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante las protestas sociales de 2019. La decisión se basó en la legítima defensa del Código Penal y la Ley Naín-Retamal de 2023. Mientras algunos ven la aplicación correcta de la ley, Amnistía Internacional critica la sentencia como un paso hacia la impunidad.
El veredicto en el caso de Gustavo Gatica, entregado el 13 de enero de 2026, ha generado debate en Chile sobre la aplicación de la ley en contextos de represión policial. El tribunal confirmó que Claudio Crespo, ex teniente coronel (R) de Carabineros, fue el responsable de los disparos que cegaron de ambos ojos a Gatica durante una protesta en 2019, en medio de la brutal represión al estallido social. Sin embargo, lo absolvió invocando la legítima defensa consagrada en el Código Penal, sin recurrir a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), y aplicando la Ley Naín-Retamal, aprobada en abril de 2023 por el Congreso y el gobierno.
Esta ley exige 'incumplimiento de reglamentos internos' para configurar apremios ilegítimos y permite la legítima defensa privilegiada. Según Julio Leiva Molina, almirante (R) y excomandante en jefe de la Armada (2017-2021), junto a Cristián Araya Escobar, abogado y contraalmirante (R), el fallo demuestra una aplicación estricta de la legítima defensa. Argumentan que, de haber estado vigentes las RUF —con sus principios, prohibiciones y obligaciones—, el resultado probablemente habría sido una condena, viéndolas como una 'trampa jurídica' para las Fuerzas Armadas en estados de excepción constitucional.
Por otro lado, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, rechaza la absolución. En 2023, la organización advirtió que la causal de 'legítima defensa privilegiada' limitaría las garantías judiciales para víctimas de violaciones a los derechos humanos, validando un uso desproporcionado de la fuerza y generando abusos e impunidad. Bustos enfatiza que la normativa es ambigua y privilegia la interpretación subjetiva del funcionario. Tras el estallido de 2019, Amnistía demandó una regulación del uso de la fuerza basada en legalidad, necesidad y proporcionalidad, junto a una reforma policial profunda, pero en cambio se aprobaron leyes que vulneran más el derecho a la protesta.
Amnistía Internacional se mantendrá vigilante, afirmando que la seguridad no puede defenderse a costa de retrocesos en derechos humanos. Chile, advierten, no puede acostumbrarse a la impunidad.
