La defensa del exministro Andrés Chadwick solicitó una audiencia de garantías ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, alegando obstáculos en el acceso a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta. El Ministerio Público respondió negando cualquier dilación administrativa y confirmando la disponibilidad de los documentos desde marzo de 2024. Además, destacaron reuniones previas con los abogados y una programada para el 22 de diciembre.
La investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social, iniciada en enero de 2024 bajo la Fiscalía Regional de Antofagasta, ha generado tensiones entre el Ministerio Público y la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick.
Esta semana, los abogados Samuel Donoso y Gabriel Campos presentaron un requerimiento ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En el escrito, argumentaron que “por decisiones administrativas el Ministerio Público ha dificultado la entrega expedita de la copia íntegra y actualizada de la carpeta de investigación”, además de “inexplicablemente las respuestas a solicitudes de reunión con el fiscal titular”. A su juicio, esto impide a Chadwick ejercer su derecho a defensa.
En respuesta, la Fiscalía, encabezada por Juan Castro Bekios, aclaró a La Tercera que “las copias de la carpeta investigativa solicitadas, se encuentran disponibles para retiro, a lo menos, desde el mes de marzo de este año, situación que está en conocimiento de la defensa”. Explicaron que el retiro debe seguir el instructivo de octubre de 2024 de la Fiscalía Nacional: presencial, por abogados acreditados, con un dispositivo nuevo para la carga digital.
Respecto a las reuniones, el fiscal asignado, Cristian Aguilar, ha sostenido al menos tres encuentros con los letrados de Chadwick, con una cuarta prevista para el lunes 22 de diciembre. La Fiscalía descartó cualquier obstáculo, afirmando: “La Fiscalía Regional de Antofagasta reitera su compromiso con el debido proceso y con el respeto a todas y cada una de las garantías que asisten a las personas sometidas a una investigación penal”.
Este intercambio subraya el escrutinio en el caso, centrado en eventos del estallido social de 2019.